El Gobierno de Colombia y las FARC cerraron este domingo en La Habana otro ciclo de diálogos de paz en un nuevo clima de confianza impulsado por la tregua unilateral de la guerrilla y la suspensión de los bombardeos contra sus campamentos con el fin de agilizar el proceso y desescalar el conflicto.
El grupo rebelde consideró este domingo que tanto la tregua unilateral como la suspensión de los bombardeos «desencadenaron este nuevo ambiente de confianza que ha permitido agilizar las conversaciones y avanzar en nuevos consensos», en un comunicado leído a la prensa por el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez (alias de Luciano Marín Arango).
Las FARC iniciaron el 20 de julio pasado un alto el fuego unilateral al cual el Gobierno presidido por Juan Manuel Santos respondió seis días después con la suspensión de los bombardeos a campamentos de esa guerrilla, una medida que ya adoptó en marzo para reducir la intensidad del conflicto pero que levantó un mes después tras una ataque guerrillero en el que murieron once soldados.
Al concluir esta ronda, la delegación de paz del Gobierno no realizó ninguna intervención ante la prensa, aunque si participó en una declaración conjunta con la guerrilla en la cual anuncian que retomarán las negociaciones el próximo 17 de agosto para continuar con el punto de las víctimas que centra sus discusiones desde hace más de un año.
Sobre ese punto, el número dos de las FARC resaltó que, como acordaron en la mesa de negociación, las partes construyen un «inédito e innovador» sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que nunca antes se había decidido poner en marcha en un proceso de paz con el protagonismo de las víctimas.
Asimismo, el grupo insurgente recordó que en este ciclo se creó una comisión que abordará temas de justicia y servirá de apoyo a la mesa, integrada por seis expertos juristas, tres de ellos elegidos por cada delegación de paz.
Márquez anunció los nombres de los tres seleccionados por la insurgencia, que son los juristas Álvaro Leyva, Enrique Santiago y Diego Martínez.
El Gobierno ya había informado días antes de su representación en ese grupo de trabajo integrada por los asesores Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y expresidente de la Corte Constitucional, y el profesor de la Universidad de Notre Dame, el estadounidense Doug Cassel, experto internacional en materia de derechos humanos.
El comunicado de la guerrilla también recalcó que «urge» poner freno a «la represión institucional, al paramilitarismo, a la desidia frente a las exigencias de las pobrerías que reclaman condiciones dignas de vida, justicia social, y cerrar la brecha de la desigualdad».
Además, estimó que «falta coherencia» entre lo que ocurre en la mesa de negociaciones y lo que «sucede» en Colombia, al tiempo que sugirió al Ejecutivo que considere un cese al fuego unilateral al «hostigamiento» contra los líderes políticos y sociales de oposición.
Durante el ciclo las FARC propuso también la conformación de un equipo que investigue de manera «seria e independiente» los hechos de violencia sexual y de género en el contexto del conflicto, para «describir todo el universo de las víctimas de violencia sexual en Colombia».
Los equipos negociadores del Gobierno y las FARC aplicaron una nueva metodología de trabajo más flexible, para negociar varios asuntos en paralelo, con la intención manifiesta de impulsar las conversaciones y tratar de obtener resultados para recuperar la confianza de los colombianos en el proceso de paz, tras una etapa de crisis en las últimas semanas.
