CARACAS, Venezuela.- La Asamblea Nacional inició este martes el segundo y último debate del proyecto de ley de amnistía y reconciliación que busca liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados «presos políticos», una normativa que no cuenta con el respaldo del gobierno. El Congreso, bajo el control de la oposición y en medio del rechazo de los oficialistas, comenzó el segundo debate del proyecto de ley que fue una de las promesas de la coalición opositora en la campaña electoral.
La mayoría opositora aprobó a mediados de febrero el proyecto de ley en un primer debate.
El texto de la ley contempla una amnistía para los llamados «presos y perseguidos políticos» de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
La legislación exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Política Interior del Congreso, Delsa Solórzano, defendió a nombre de la coalición opositora el proyecto de ley asegurando que tiene base constitucional, y sostuvo que el país quiere la reconciliación.
Durante la sesión, el diputado oficialista Francisco Torrealba objetó la legislación, a la que llamó la ley del «auto perdón» y la «impunidad», y sostuvo que de aprobarse generará «confrontación» en el país.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que no está dispuesto a promulgar ninguna ley de amnistía, pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
Algunos analistas estiman que ante el abierto enfrentamiento entre Congreso y el gobierno la ley podría enfrentar muchas dificultades y limitaciones para que los tribunales y jueces puedan cumplirla.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían beneficiarse con esta ley está López que fue condenado en septiembre del año pasado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en la capital en febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos.
El dirigente opositor, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero del 2014 y está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
