Santo Domingo, RD. La Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional aplazó para el lunes 15 de agosto, el conocimiento de medidas de coerción a dos militares y dos empresarios acusados de cometer irregularidades en la compra de ocho aviones Super Tucano en 2008.
El aplazamiento ocurrió para que los abogados de la barra de la defensa conozcan el expediente acusatorio.
El exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio exigió, al salir de la sala de audiencia, un trato igualitario. Los abogados del general dicen que se está haciendo una justicia selectiva, que el es un mayor general activo y que no es al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde debieron traerlo, sino en las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, al coronel de la Fuerza Aérea Carlos Ramón Piccini le fue asignado el defensor público Adolfo Valentín, ya que este aseguró no tiene dinero para costear un abogado privado.
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra los cuatro apresados acusados de supuestos actos de corrupción en la adquisición de los aviones supertucanos.
Según el escrito de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, al que NCDN tuvo acceso, esa dependencia solicita al juez José Alejandro Vargas Guerrero, Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, “imponer a los encartados Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini Núñez, Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, la medida de coerción consistente en prisión preventiva, según está contenida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano, dado que el Ministerio Público ha evaluado que es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia de los mismos al proceso”.
