La suspensión de los servicios de transporte de carga será ante decisión del Alcalde Abel Martínez
SANTO DOMINGO, RD.– La Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), anunció este jueves que está considerando, junto a los sindicatos afiliados del municipio de Santiago, la suspensión de los servicios de transporte de carga en dicho municipio, ante decisión del Alcalde Abel Martínez y el Ayuntamiento de esa ciudad, de apresar y obligar a pagar la suma de RD$30,000 mil pesos, a los camiones que circulan por unas zonas restringidas establecidas por la alcaldía, puesta en vigencia de forma sorpresiva mediante una resolución municipal que está siendo discutida en una mesa de trabajo para que los sectores interesados expresen su opinión al respecto.
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“Los camioneros reconocen y respetan el derecho de este o cualquier otro ayuntamiento del país de establecer sistemas de organización y normas que contribuyan a facilitar la vida en la comunidad de los ciudadanos y ciudadanas, para hacer más agradable el residir en un municipio organizado, con servicios eficientes y un entorno limpio y saludable”, dice FENATRADO en un comunicado.
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Sin embargo la entidad entiende que en la búsqueda de esos loables objetivos, hay que evitar la improvisación como es el caso a que se refiere, caer en el absurdo de restringir la circulación y establecer multas arbitrarias a los camiones que transportan cargas a las empresas y almacenes ubicados en esas zonas y que necesitan ser abastecidas para poder desarrollar sus operaciones con normalidad.
En consecuencia, y para que se entienda mejor la posición de FENATRADO y sus afiliados, los camioneros manifestaron no tener ningún interés particular en transitar por esas zonas ni entrar en conflicto con las disposiciones municipales, sino que el asunto es que las empresas dueñas de las cargas están ahí y tienen el compromiso de entregarles sus cargas en el lugar de destino.
Es por ello que FENATRADO le pregunta al señor Alcalde de Santiago, que harán con las cargas destinadas a las empresas ubicadas en las zonas donde está restringido el tránsito de vehículos pesados, porque o las llevan a los lugares de destino o las dejaran tiradas en los linderos de esas zonas para que autoridades municipales resuelvan sobre su transporte y destino final, ya que para ellos es inaceptable la detención arbitraria de camiones y el pago de los RD$30,000 mil pesos, para liberar los vehículos.