La Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentará este lunes ante el Congreso una demanda de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que ya enfrenta un juicio de impeachment por presunta manipulación de las cuentas públicas.
“El impeachment figura en nuestra Constitución, como remedio jurídico de nuestra democracia”, explicó el presidente de ese cuerpo colegiado, Claudio Lamachia, en declaraciones publicadas este domingo por el diario O Globo.
En noviembre, una comisión interna de la OAB había recomendado a sus miembros abstenerse de cualquier apoyo al proceso de destitución de Rousseff.
La mandataria, que denuncia una tentativa de “golpe de Estado”, es acusada de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto usando bancos estatales en el 2014, el año de su apretada reelección, y a inicios del 2015.
Pero 26 de las 27 federaciones de la OAB se pronunciaron finalmente a favor del impeachment, tras recibir “informaciones del Supremo y de (la corte de) primera instancia sobre el ‘Lava-Jato’”, la operación que puso al descubierto una red de licitaciones trucadas y de financiación de campañas políticas en torno a la estatal Petrobras, refirió Lamachia.
“Nuestra institución, que defiende y practica la democracia, llegó a una decisión cuasi unánime sobre un tema tan delicado”, destacó.
La OAB fue la impulsora de la única demanda de destitución que prosperó en la historia de Brasil, contra el presidente Fernando Color de Mello (1990-1992).
Según la prensa, esta demanda se sumará a las once ya registradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un emperdernido adversario de Rousseff.
Una comisión de 65 diputados examina desde el 18 de marzo una demanda presentada por la oposición. Una eventual moción de destitución tiene que ser aprobada en un primer momento por los dos tercios de la Cámara y por un tercio del Senado.
La demanda de la OAB menciona, junto al presunto maquillaje de las cuentas públicas, la decisión de Rousseff de nombrar ministro jefe de gabinete a su predecesor Luiz Inacio Lula da Silva, pese a las investigaciones de corrupción que pesan en su contra.
Ese nombramiento, bloqueado hasta ahora por un juez del Supremo Tribunal Federal, es “un hecho real y grave”, afirmó Lamachia.
También influyeron en el voto de la OAB las acusaciones del senador Delcidio Amaral, exlíder de la bancada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en la cámara alta, quien aseguró, en un acuerdo de reducción de penas, que Rousseff “sabía todo” sobre la financiación ilegal de sus campañas del 2010 y el 2014 a través de la red montada en torno a Petrobras.
El gobierno de Rousseff está bajo fuerte presión política y judicial. El martes, el centrista PMDB, principal aliado del PT, dirá si quiere permanecer en el gobierno, y con toda probabilidad, según la prensa, la respuesta será no. Esa decisión dejaría más expuesta a Rousseff al procedimiento de impeachment.
