Una de las víctimas testificó
Nueva York, EEUU.- Un jurado de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, declaró culpable el viernes de numerosos cargos al ex teniente de origen boricua Carlos Richard Martínez, por violaciones sexuales en repetidas ocasiones a varias dominicanas, una de las cuales testificó ante el tribunal estadounidense.
Martínez, quien enfrenta cadena perpetua cuando sea sentenciado, fue detenido junto a sus colegas, el dominicano Armando Moronta, un ex oficial y el sargento puertorriqueño Eugenio Pérez, quienes también participaron en los abusos sexuales a tres dominicanas y reclusas de otros países latinos en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn, bajo control del Gobierno federal.
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“María”, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, testificó ante el jurado las veces y las formas brutales en que Martínez y los otros guardias de turno, la violaban.
La chantajearon diciéndole que si no accedía, iba a ser deportada más rápido de la fecha prevista, pero también le ofrecían ayudarla a resolver su problema para que se quedara en los Estados Unidos.
Su caso y el de las otros dominicanas violadas, fue asumido el año pasado por el equipo legal del consulado dominicano, que pagó la fianza de una de ellas y le brindó asesoría durante todo el proceso.
Este es uno de los más sonados de abusos, despotismo y violaciones a los derechos de presos y a reclusas en cárceles de Estados Unidos, y obligó a que el Departamento Federal de Correcciones, cambiara sus protocolos.
Martínez, de 48 años, fue acusado en mayo de 2017 de violar a la reclusa dominicana que cumplía una sentencia por tráfico drogas, al menos cuatro veces entre diciembre de 2015 y abril de 2016. El jurado, lo encontró culpable no solo de abuso sexual, sino también del abuso sexual de una presa y de violar los derechos civiles de su víctima, quien testificó sobre los asaltos.
Moronta, se declaró culpable en noviembre de abusar sexualmente de tres reclusas.
Conocida como el MDC, la cárcel tiene alrededor de 1,800 presos de ambos sexos y alrededor del 3 por ciento de ellos son mujeres. En 2016, un juez federal expresó su renuencia a enviar mujeres allí porque, como dijo en ese momento, sus condiciones hacían que pareciera que estaba en algún país del tercer mundo.
Cuando el juicio comenzó el 9 de enero, la fiscal federal adjunta, Nadia Shihata, le dijo al jurado que «este es un caso sobre poder y abuso».
La fiscal dijo que Martínez violó a María mientras estaba asignada a limpiar una oficina en la cárcel y se aseguró de que nadie los siguiera mirando a través de las cámaras de seguridad durante los ataques.
En el estrado de los testigos, María reveló a través de un intérprete en español acerca de cómo los abusos de Martínez comenzaron lentamente en sus primeros meses en la cárcel con comentarios explícitos sobre sus preferencias sexuales.
Relató que el ex teniente se volvió violento, un domingo por la mañana en 2015 cuando los dos estaban solos en la oficina y Martínez la empujó boca abajo en un escritorio y la penetró con brutalidad.
«Fui violada», dijo María. Cuando la fiscal le preguntó quién la había violado, María hizo una pausa de casi 30 segundos, sin querer mirar a Martínez que estaba sentado al otro lado de la sala de justicia.
Con lágrimas en los ojos, finalmente lo identificó a través de una fotografía.
En una táctica delicada, el abogado de Martínez, Anthony Ricco, les dijo a los jurados que tenían que respetar tanto a la víctima como al acusado y que algunas mujeres en el equipo de limpieza de la cárcel se involucraron sexualmente con los guardias, dando a entender que los actos sexuales de María con Martínez puedieron haber sido consensuados.
Los fiscales refutaron ese argumento al presentar a María como un objetivo vulnerable: una joven que no hablaba inglés y cuya familia nunca la visitaba.
Una de las reclusas compañeras de celda de María, testificó que después de una de las violaciones, regresó a su dormitorio sangrando, llorando y aterrorizada.
Los fiscales también dijeron que Martínez compró una píldora anticonceptiva para dársela a María y evitar que saliera embarazada de él.
Como parte de las evidencias, los fiscales presentaron un recibo que muestra que Martínez compró la píldora en una farmacia de la cadena “Rite Aid” cerca de la cárcel y, utilizando su tarjeta de descuentos, pagó $5 dólares menos.
Por Miguel Cruz Tejada
