ARGENTINA.– Esta semana se dio a conocer la historia de una niña argentina de 12 años que fue violada por un vecino y quedó embarazada.
Su caso se inscribe dentro de lo que la legislación del país considera como «aborto no punible«, vigente desde el año 1921. Es decir, que en su situación es legal llevar a cabo una interrupción del embarazo.
Si bien la menor ya lleva 24 semanas de gestación y el paso del tiempo pone en peligro su vida, los médicos del Hospital Guillermo Paterson de la provincia de Jujuy –donde se encontraba internada inicialmente– se negaron a practicar la intervención.
A esto se sumó la diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Gabriela Burgos, que responde políticamente al gobernador provincial, Gerardo Morales. La legisladora se hizo presente en la puerta del establecimiento médico para apoyar la decisión de las autoridades hospitalarias.
Finalmente, tras varias idas y vueltas, la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil en San Salvador, la capital provincial. Fue entonces que el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, declaró que en vez de un aborto se le realizará una césarea.
El argumento del funcionario es que debido al avanzado estado del embarazo no se puede tomar otra medida, sin embargo, también dijo que buscarán que el feto sobreviva lo que, en los hechos, implica un parto forzado.
Más allá de los argumentos esgrimidos por distintas autoridades políticas y sanitarias, lo cierto es que están negando a la niña un derecho consagrado por la ley argentina y ratificado por la propia Corte Suprema.
Fuente: RT
